3 de septiembre de 2007

Protección Laboral a la Maternidad: Una Discriminación de Género que Atenta Contra la Familia

Por César Andrés Caamaño
Psykhê Centro de Investigaciones

El Código de Trabajo Dominicano establece varias consideraciones apropiadas para la protección laboral de la mujer embarazada y de aquellas que recién acaban de dar a luz. Esta protección instituye que es nulo el desahucio ejercido por el empleador hacia una mujer embarazada y que ésta no puede ser despedida por el hecho de su estado de embarazo, no sólo durante el mismo, sino que se extiende “hasta tres meses después de la fecha del parto” (Secretaría de Estado de Trabajo [SET], 1997, p. 77). Además, el Artículo 243 del Código de Trabajo establece que “durante el primer año del nacimiento del hijo, la trabajadora podrá disponer de medio día cada mes, según su conveniencia, para llevarlo a la atención pediátrica” (SET, 1997, p. 79).

La razón para estas protecciones es obvia: se requiere ofrecer seguridad laboral para la familia pues en este período la salud, el bienestar y la seguridad del bebé, y de todos en el hogar, es extremadamente crítica y vulnerable. Numerosos estudios han demostrado las implicaciones negativas, tanto psicológicas como fisiológicas, asociadas a la inseguridad laboral y a la pérdida del empleo (Armstrong-Stassen, 2005; Charles & James, 2005; Falba, Teng, Sindelar & Gallo, 2005; Ito & Brotheridge, 2007; Root, 2006; Unger, Hamilton & Sussman, 2004)

Sin embargo, a pesar de estas consideraciones a favor de la familia en estado de gestación, la protección es limitada o insuficiente. ¿Por qué? Porque no considera la configuración del hogar típico dominicano ni la condición sistémica del bienestar familiar.

En nuestro país, el 67.6% de los hogares está dirigido o está bajo la responsabilidad de una persona de sexo masculino; esta proporción se radicaliza hasta el 73.3% cuando se trata de la zona rural (Oficina Nacional de Estadística [ONE], 2005a). Más aun, de acuerdo con el último censo realizado en el año 2002 (ONE, 2005b), de la población económicamente activa (PEA) ocupada, el 59.1% es de sexo masculino (1,877,474 personas) y este es el sexo predominante en todas las ramas de actividad, excepto en enseñanza; servicios sociales y de salud; y hogares privados con servicio doméstico.

Estos datos demográficos y económicos hacen evidente que el ingreso principal de los hogares dominicanos es generado por las personas de sexo masculino. Entonces, es obvio que si los hombres pueden ser desahuciados durante el embarazo de su pareja la economía del hogar se verá igual o más trastornada que si fuera la mujer la que perdiera el empleo.

Como si la situación económica fuera poca cosa, la salud y el bienestar psico-bio-social de la familia también son afectados por la condición laboral de la pareja de la mujer embarazada. Howe, Levy y Caplan (2004) encontraron reacciones depresivas en ambos miembros de la pareja luego de la pérdida laboral. Estos autores indican que los síntomas depresivos en ambos miembros de la pareja se deben a estresores comunes, a la transmisión del estrés de un miembro de la pareja a otro y a cambios en la calidad de la relación. Más importante aun, investigaciones relacionadas al género indican que las mujeres son mucho más sensitivas al malestar de sus hombres, que lo inverso (Belle, como se cita en Howe, Levy y Caplan, 2004; Cross & Madson, como se cita en Howe, Levy y Caplan, 2004). De este modo, el estrés producido por la pérdida de empleo del hombre afecta de una manera muy negativa y significativa a su pareja embarazada.

Si interpretamos estos datos nos daremos cuenta que es necesaria la protección de la pareja embarazada ante la terminación del contrato laboral por desahucio del empleador y que ésta debe estar contemplada en la legislación vigente dominicana. La Constitución de la República establece que la “finalidad principal del Estado [es] la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social” (Art. 8) y esto no es posible si nuestras leyes permiten que la familia sea lacerada. La misma Constitución establece que “la familia recibirá la más amplia protección posible [y que] la maternidad, sea cual fuere la condición o el estado… gozará de la protección de los poderes públicos” (Art. 8, No. 15). Nada de esto puede alcanzarse con la actual desprotección laboral que brinda el Código de Trabajo Dominicano a los hombres empleados cuyas parejas cursan el estado de gestación.

Las leyes deben responder a las necesidades ciudadanas y a la protección de las grandes mayorías. La familia embarazada, más allá que la mujer embarazada, debe ser el criterio de protección en nuestro Código Laboral y su salud psicológica, biológica y social debe ser la meta de todos nuestros esfuerzos.



Referencias

Armstrong-Stassen, M. (2005). Coping with downsizing: A comparison of executive-level and middle managers. International Journal of Stress Management, 12(2), 117-141. Recuperado de la base de datos PsycINFO, el 5 de mayo de 2007.

Charles, N. & James, E. (2005). 'He earns the bread and butter and I earn the cream': Job insecurity and the male breadwinner family in South Wales. Work, Employment and Society, 19(3), 481-502. Recuperado de la base de datos PsycINFO, el 5 de mayo de 2007.

Constitución de la República Dominicana. (2002). G.O. No. 10204, año XLIII.

Falba, T., Teng, H., Sindelar, J. L. & Gallo, W. T. (2005). The effect of involuntary job loss on smoking intensity and relapse. Addiction, 100(9), 1330-1339. Recuperado de la base de datos PsycINFO, el 5 de mayo de 2007.

Howe, G. W., Levy, M. L. & Caplan, R. D. (2004). Job loss and depressive symptoms in couples: Common stressors, stress transmission, or relationship disruption? [versión electrónica]. Journal of Family Psychology, 18(4), 639-650.

Ito, J. K. & Brotheridge, C. M. (2007). Exploring the predictors and consequences of job insecurity's components. Journal of Managerial Psychology, 22(1), 40-64. Recuperado de la base de datos PsycINFO, el 5 de mayo de 2007.

Oficina Nacional de Estadística. (2005a). Encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples: ENHOGAR 2005. Santo Domingo: Autor.

Oficina Nacional de Estadística. (2005b). República Dominicana en Cifras 2005. Santo Domingo: Autor.

Root, K. A. (2006). Job loss, the family, and public policy. Marriage & Family Review, 39(1-2), 11-26. Recuperado de la base de datos PsycINFO, el 5 de mayo de 2007.

Secretaría de Estado de Trabajo. (1997). Código de trabajo y normas complementarias. Santo Domingo: Editora Lozano.

Unger, J. B., Hamilton, J. E. & Sussman, S. (2004). A family member's job loss as a risk factor for smoking among adolescents. Health Psychology, 23(3), 308-313. Recuperado de la base de datos PsycINFO, el 5 de mayo de 2007.

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